Los colegios de médicos de España piden a las aseguradoras medidas que garanticen el servicio sanitario privado

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, a iniciativa de la Vocalía Nacional de Medicina Privada, se ha dirigido a las principales aseguradoras de asistencia sanitaria privada con una serie de propuestas y la solicitud de medidas excepcionales para garantizar el mantenimiento del servicio sanitario privado, ante la situación que están atravesando los médicos autónomos a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El presidente del CGCOM, Dr. Serafín Romero, tras la petición del representante de la Vocalía Nacional de Medicina Privada, Dr. Manuel Carmona, ha dirigido una carta a los máximos responsables de UNESPA, Sanitas, Asisa, Caixa Adeslas y DKV en la que le expone la situación en la que se encuentran estos profesionales y les hace una serie de propuestas con el fin de garantizar la viabilidad económica de médicos integrados en sus cuadros y el mantenimiento de la  cobertura sanitaria  de sus asegurados.

En estas cartas, se pone de manifiesto que “la profesión médica es una, sea cual sea la modalidad de ejercicio” y tras señalar que su representación le corresponde al CGCOM y a los Colegios de Médicos de España, agradece a los médicos autónomos su “trabajo y dedicación en épocas de especial dificultad para el país y especialmente por la situación en particular que atraviesan, viéndose especialmente afectados en su actividad diaria con una normativa que les obliga a mantener sus consultas abiertas, con los mismos costes y con una disminución de ingresos insoportable”.

En esta comunicación con las aseguradoras, el CGCOM pone de manifiesto que los médicos autónomos de ejercicio privado, al igual que los de la sanidad pública y el resto profesiones sanitarias, tienen actualmente como prioridad la lucha contra la pandemia COVID-19 a la que dedican todos sus recursos y esfuerzos, colaborando con las directrices que dictan las autoridades sanitarias.

Expone la particular situación de estos profesionales autónomos que hace que, “al peligro y riesgo laboral añadan   el problema que la situación genera en su economía,  quedándose prácticamente sin ingresos,  mientras permanecen a  disposición de las compañías aseguradoras en cuyo cuadro médico figuran con el fin de estar en disposición  de atender las necesidades  urgentes  o no demorables de los pacientes con cobertura sanitaria privada y concertada,  que estas están obligadas a proporcionar”. 

Se alude al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 que exceptúa expresamente la prohibición de cierre de los establecimientos médicos al ser considerada una actividad esencial. Y a la normativa  derivada del mismo que ordena limitar la atención médica sólo a los procesos agudos, urgentes o  no demorables a  fin de evitar que las consultas se conviertan en un foco de contagio.

Se expone en la carta que los ingresos de los médicos de ejercicio libre dependen mayoritariamente de la atención a pacientes de mutuas privadas o a través de mutualidades (Muface, Isfas, Mugeju…) y el hecho de atender solo casos urgentes o no demorables  hace que su actividad se reduzca en  torno al 90%,  lo que implica que sus ingresos lo harán en la misma proporción.

Sin embargo -explica la carta- mantienen todos sus gastos ordinarios: local o alquiler de consulta, cuota de autónomos o asimilada, leasing de aparataje,  personal a su cargo (enfermería, auxiliares, limpieza…), por lo que “de prolongarse el estado de alarma les abocaría a una situación de insolvencia que en muchos de los casos conllevará el cese definitivo de su actividad profesional”.

También se hace referencia al sistema de consulta a distancia mediante videoconferencia o llamada telefónica, recomendado por las autoridades, y asegura que, aunque la mayoría de las compañías (no todas) lo contemplan como actos facturables (implica tiempo de consulta y responsabilidad en el control de los pacientes), no es una modalidad a la que puedan adaptarse la mayoría de las especialidades médicas, por lo que su reconocimiento, aunque es necesario, no repercute significativamente en el problema de la disminución de ingresos.

El CGCOM defiende la necesidad de mantener, durante la crisis del coronavirus, la capacidad de atención de la medicina privada y que esta situación “no suponga el cese de actividad de los médicos, abocados en la actual situación -de no aplicar medidas correctoras- a una dramática disminución de ingresos mientras colaboran para mantener la estructura de la sanidad privada que a buen seguro va a ser necesaria durante esta previsible larga crisis sanitaria y después de su resolución”. 

En la carta, se explica que, aunque los colegios profesionales están colaborando con medidas excepcionales como la exención de cuotas, apoyo jurídico específico de carácter profesional y laboral, o apoyo social y psicológico cuando sea necesario para el colegiado, no pueden compensar la falta de ingresos de su actividad principal.

Ante esta situación, el CGCOM solicita a las compañías aseguradoras   que activen medidas excepcionales para que el importante descenso de la actividad asistencial no perjudique gravemente los recursos de los médicos y centros donde trabajan y ponga en riesgo su continuidad.

Teniendo en cuenta que el pago de la facturación de las compañías suele hacerse a  60 días, es de prever que el descenso de ingresos profesionales, aunque no inmediato será enorme cuando llegue el periodo de facturación de los días afectados por el estado de alarma, por lo que para evitar situaciones de insolvencia o cierre de actividad, el CGCOM, a iniciativa de la Vocalía Nacional de Medicina Privada, propone: 

  • Establecer un criterio de pago excepcional durante el periodo de duración del estado de alarma con fórmulas que garanticen al profesional un ingreso  para mantener los costes fijos de su consulta o centro sanitario (personal a su cargo, electricidad, impuestos…)  por asumir la atención de  urgencias  y casos no demorables de los asegurados,   garantizando el mantenimiento del servicio en un futuro y evitando el cierre.

Para ello, sería necesario obtener  al menos el  75%  de la media de ingresos habitual. Esta garantía de ingresos podría repartirse de forma consensuada mediante una parte a cuenta del pago del mantenimiento de la consulta y la atención a los pacientes no demorables y otra a descontar del previsible aumento de actividad una vez se normalice la situación.  Mediante esta medida se podrá garantizar la viabilidad económica de los médicos integrados en sus cuadros, y el mantenimiento de la  cobertura sanitaria  de sus asegurados.

El CGCOM finaliza su misiva expresando que su convicción de que son propuestas muy razonables que benefician al futuro de  sector sanitario privado y queda a la espera de su respuesta de estas compañías para informar a los médicos del sector.

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