El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) acogió la presentación del convenio para la coordinación de actuaciones relativas a la certificación médica de defunción en Andalucía suscrito entre la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Dicho convenio fue publicado en el número 228 del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Su objetivo, tal y como dice el redactado, es establecer «un sistema estable de cooperación que posibilite una ágil, eficaz y eficiente tramitación del destino que deba darse a los cadáveres producidos por muertes naturales no sospechosas de criminalidad ni de indicio de delito» en Andalucía.

En el acto, dirigido a profesionales de la medicina, participaron la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Teresa Pardo, y el delegado de Salud y Consumo, Dr. Carlos Bautista. Ambos estuvieron acompañados por el presidente en funciones del Commálaga, Dr. Pedro J. Navarro, y la directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Málaga, Dra. Esperanza López.

El Dr. Navarro explicó que el acuerdo “establece un sistema de cooperación que representa una respuesta clara a las necesidades de médicos, forenses y, sobre todo, de las familias en un momento tan difícil como lo es la pérdida de un ser querido”. Recordó además que “su objetivo principal es agilizar, humanizar y optimizar la gestión de los certificados de defunción en casos de muertes naturales no sospechosas de criminalidad, reduciendo la excesiva judicialización y ahorrando sufrimientos innecesarios a las familias”.

Por su parte, Pardo intervino para explicar el “sufrimiento que padecen las familias de las personas fallecidas por causa natural sin indicios de criminalidad debido a que la autopsia impide poder enterrarlos hasta pasados unos días”. En el terreno profesional, el Dr. Bautista destacó que gracias al convenio “los médicos van a disponer del teléfono del forense de guardia al que llamar en caso de duda. Es un soporte importante”.

La Dr. López, que habló en último lugar, detalló las dificultades de la muerte judicializada: “No se trata solo de lo que implica la autopsia sino de los trámites burocráticos que conlleva una muerte judicializada que supone pasar por el juzgado para cualquier gestión por parte de las familias o herederos”.

El convenio delimita las competencias de los médicos del SAS y de los forenses del IMLCF para emitir los certificados de defunción según las circunstancias de la muerte, fija los elementos a tener en cuenta por el facultativo para determinar la existencia o no de indicios de muerte violenta o sospechosa de criminalidad y establece un compromiso de actuación por parte del personal médico asistencial y de los forenses según el medio donde se haya producido la muerte: en el domicilio o en el medio hospitalario.

La novedad más destacable es que si el médico asistencial entiende que no puede emitir el certificado de defunción -por considerar que se trata de muerte judicial- habrá de emitir un informe que justifique los motivos, si bien cuando se le planteen dudas en el modo de proceder, podrá consultar con el médico forense de guardia para resolverlas. Para ello, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Málaga ha puesto a disposición de los facultativos malagueños los teléfonos de los forenses de guardia, que el Colegio de Médicos de Málaga ha hecho llegar a la colegiación para su conocimiento.

Autopsias en Málaga y provincia

Según datos de la directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Dra. Esperanza López, en Málaga y provincia se llevan realizadas en 2024 un total de 638 autopsias de las que 238, un 37%, fueron a personas que fallecieron por muerte natural sin sospecha de criminalidad. En 2023 este dato fue algo mayor ya que de las 1015 autopsias realizadas, 390 (algo más del 38%) se practicaron a fallecidos sin indicio de delito. El acuerdo suscrito entre Justicia y SAS quiere reducir más estos porcentajes. La Dra. López comentó en la presentación del convenio que “lo ideal sería que las autopsias por causa natural sin indicios de criminalidad se acerquen al 20%”.